Mar. Dic 6th, 2022

Papantla, Ver.- Luego del diálogo entre trabajadores que amenazaban con el cierre de la zona arqueológica de El Tajín por la falta de recursos para mantenimiento y conservación del patrimonio, con las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se acordó el pago de prestaciones pendientes, recontratatación de personal de Capítulo tres mil y reajustes laborales.
De acuerdo con Gabriel del Valle Ferral, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), el delegado del Centro INAH Veracruz se comprometió a la recontratación de 9 trabajadores de Capítulo tres mil, de los cuales 3 serán para El Tajín, uno para Coyuxquihui, dos en Quihuixtlan, uno para Cempoala y dos más para San Juan de Ulúa.
En las negociaciones se acordó también el pago de prestaciones como tiempos extra, primas dominicales y aguinaldo, así como el pago de las mesas laborales. Otro de los logros fue la firma de un diagnóstico mixto laboral para el fortalecimiento del área de custodio a más tardar en un mes.
Previamente en entrevista, el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del INAH había anunciado el diálogo con la parte sindical, pero que de ninguna manera se permitiría el cierre de las zonas arqueológicas por constituir violaciones graves a la Constitución.
Se dijo respetuoso del derecho a la libre organización sindical de los trabajadores y dijo que estas representaciones en parte hacen señalamientos correctos, como el interés por la conservación del patrimonio, pero por esto mismo no se permitiría el cierre.
Cerrar las zonas arqueológicas es constituyente de 4 delitos, el primero de ellos por atentar contra los derechos humanos contemplados en la artículo cuarto constitucional, concerniente al libre acceso a los bienes y servicios culturales que presta el estado.
El segundo delito es daño al patrimonio institucional. «Coincido con el sindicato democrático y con los demás sindicatos de que debemos cuidar la institución y el patrimonio, pero cuando hacen acciones como esta se afecta el patrimonio institucional».
Un tercer delito está relacionado con la obstrucción de servicios públicos mediante la fuerza. Una cuarta falta administrativa es el abandono de trabajo y desacato a la autoridad, conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos.
«No se trata de favorecer conductas inapropiadas contrarias a la ley. Si hay un planteamiento que tiene que ver con la cuarta transformación es el combate a la corrupción», una forma de ella es abandonar el trabajo.
En ese momento, Prieto Hernández anunció la intención de gestionar ante la Secretaría de Hacienda los contratos eventuales o de base.

Édgar Escamilla

Por Editor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Contenido protegido