Está en riesgo la vulneración de los derechos político-electorales de las mujeres, asegura activista y aspirante a la diputación plurinominal por Morena.
Édgar Escamilla
Marcela Barroso Aguiar es una joven abogada, activista por los derechos de la mujer, de la comunidad LGBT y de las personas con discapacidad; participó en el proceso para la asignación de candidaturas a las diputaciones plurinominales convocado por Morena, y ante la posibilidad de perder su espacio, hace un llamado al Órgano Público Local Electoral (OPLE) respete el principio de paridad de género y evite violentar sus derechos.
La aspirante oriunda de Poza Rica resultó sorteada mediante asignación por tómbola, envió sus documentos y participó junto a 150 mujeres más, quedando finalmente en la quinta posición por cuestión de género.
De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución veracruzana, el Congreso del Estado deberá estar conformado por 50 diputados, bajo el principio de la paridad de género, de los cuales, 30 serán elegidos por el principio de mayoría relativa y el resto corresponderán al principio de representación proporcional.
Sin embargo, existe la inquietud de que uno de estos escaños podría ser asignado a una persona que se identifica como no binario, lo que restaría una posición para las mujeres, según una proyección hecha por el consejero Juan Manuel Vazquez Barajas.
“No hay fundamento para colocarlo en los escaños para mujeres, con lo que se resta una representación al género femenino, aunque sus documentos legales son de hombre, por lo que debería ser asignado en los escaños destinados para los hombres, sin que se violente su identidad”, comentó Barroso Aguiar.
Considera injusto que los derechos político-electorales de las mujeres se violenten a favor de un hombre, porque no está siquiera registrado como mujer trans.
La red de feministas por la equidad de género ya increpó al OPLE que los derechos de las mujeres están plasmados en la Constitución y en tratados internacionales, por lo que no deben ser aplicados a discreción o negociables.
La activista aseguró no estar en contra de ninguna persona, funcionario o actor político, “vine a sumar, soy parte de la comunidad de personas con capacidad, de la gente que no representa ningún interés político más que la agenda de la ciudadanía y solo estamos pidiendo lo justo, apegado a lo constitucional”.
Existen aseveraciones del diputado Javier Gómez Cazarín anteriores al proceso electoral y durante, en las que afirma que sí va e inclusive otros más lo apuntalan como coordinador de la bancada, lo que resulta delicado porque no se apega a la ley, a los tiempos y al resultado que avale el OPLE.
No obstante, hasta el momento Esteban Ramírez Zepeta, aunque conoce la probable violación de los derechos de las mujeres, no se ha pronunciado al respecto.
La solución queda en manos de los funcionarios del OPLE quienes revisan el proyecto de la asignación de plurinominales y determinar los espacios para cada partido, lo cual podría quedar lista en agosto; de no ser así, se llevará el asunto ante el Tribunal Electoral e inclusive de ser necesario buscará la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir al Estado que realice la reparación del daño.
Aseguró que no se trata de un capricho personal, sino es parte de la búsqueda del respeto de los derechos humanos, en este caso de los de la mujer, tarea en la que colectivos feministas se han sumado para vigilar la correcta aplicación de la ley y evitar se ejerza violencia política.
